Los móviles en miniatura que esconden los presos en las celdas

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Instituciones Penitenciarias se incautó en 2019 de 2.672 teléfonos, siete al día. La cifra dobla el número de los intervenidos en 2017

Miden poco más de seis centímetros y son fáciles de ocultar en un zapato o en las cavidades del cuerpo. Se ofertan en páginas web por poco más de 20 euros, pero dentro de la cárcel, donde están prohibidos y los presos solo pueden llamar desde cabinas y con restricciones, son muy codiciados. Son los teléfonos móviles. En 2019 Interior se incautó de 2.672 de estos dispositivos, siete al día, según datos oficiales. Esta cifra dobla el número de los intervenidos en 2017, cuando fueron 1.383.

La estadística oficial sobre el número de teléfonos móviles intervenidos dentro de prisión —recogida en una respuesta del Ministerio del Interior al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu— detalla que la prisión en la que se intervinieron más dispositivos el año pasado fue la de Alhaurín de la Torre (Málaga), con 179. Una cifra que, sin embargo, se queda lejos de los que se localizaron en el mismo centro penitenciario en 2018, cuando fueron 227.

En 2019 también se superaron el centenar de móviles localizados en poder de reclusos en las de Algeciras (Cádiz), con 138; Valencia, con idéntico número; Valdemoro (Madrid), con 123; y Albolote (Granada), con 119. Desde el año 2000, el primero del que hay estadísticas, ya son 21.765 los móviles localizados entre rejas. La tenencia de teléfonos móviles se considera una falta grave que acarrea sanciones a los reclusos a los que se les encuentre. Estos castigos van desde la reducción de las horas de salida al patio al cambio a un módulo más duro. Además, el incidente queda reflejado en el expediente penitenciario del recluso con el consiguiente efecto en la concesión, por ejemplo, de permisos.

El cada vez mayor número de teléfonos móviles en las cárceles ya llevó en 2008 al Gobierno a tomar medidas para evitar su utilización, sobre todo tras descubrirse a algunos presos célebres, como Zakhar Kalashov, jefe de la mafia georgiana, y el narcotraficante gallego José Ramón Bravo Bugallo, Sito Miñanco, utilizando estos dispositivos desde sus celdas. Así, aquel año, Instituciones Penitenciarias comenzó a instalar inhibidores de frecuencia en el interior de buena parte de las cárceles. En 2018 la medida alcanzaba a 39 de los 69 centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior —la Generalitat tiene transferidas las competencias de las cárceles catalanas—. Instituciones Penitenciarias declina ahora facilitar el número exacto de prisiones que ya cuentan con esta medida “por motivos de seguridad”.

No obstante, los inhibidores no convencen a los sindicatos de funcionarios de prisiones, que critican que se quedan desfasados según se desarrollan los nuevos sistemas de conexión telefónica. “Se instalaron para impedir llamadas de los móviles de primera, segunda y tercera generación, pero no sirven para los más nuevos”, denuncia un portavoz de ACAIP-UGT, el sindicato mayoritario entre los trabajadores penitenciarios.

Desde un dron

No obstante, Interior recalca que la principal medida para combatir la presencia de los teléfonos móviles dentro de las cárceles no es tanto el uso de estos inhibidores como que los dispositivos no lleguen a entrar en las penitenciarías. Buena parte de los terminales son introducidos en las prisiones por familiares durante las visitas vis a vis (íntimas), o por reclusos que vuelven de un permiso y que los llevan escondidos en objetos —se ha llegado a encontrar uno en un tubo de pasta de dientes— o en sus orificios corporales. En septiembre de 2018, los funcionarios de la prisión de Alhaurín de la Torre hallaron en uno de los patios un teléfono con dos cargadores supuestamente dejados caer desde un dron.

Fuentes del departamento recalcan que para evitar su entrada no solo se cuenta con escáneres, arcos y raquetas de detección de metales, sino sobre todo con el trabajo diario de los trabajadores penitenciarios. “Los funcionarios son el medio más eficaz para evitar su introducción y detectar su uso, como de cualquier otro objeto o sustancia prohibida”, destaca un portavoz, que adjudica el incremento del número de teléfono intervenidos, precisamente, al trabajo en la observación de los internos, los registros, los cacheos y las requisas. Una opinión compartida por ACAIP-UGT, que también considera que el incremento “es fruto del esfuerzo de los funcionarios”, aunque denuncia que “existe una falta de medios y personal” que complica su labor. elpais