In-Human Rights: Welcome to the Islamic State of Iran

Derechos In-humanos: Bienvenidos al Estado Islámico de Irán

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El respeto por los derechos humanos es el criterio que distingue a un gobierno de un régimen

De Souad Sbai

El respeto por los derechos humanos es el criterio que distingue a un gobierno de un régimen. Por lo tanto, la República Islámica de Irán es un ejemplo de lo que un gobierno nunca debería hacer a sus ciudadanos si no quiere convertirse en un régimen. La lista de acusaciones, por la cual el régimen jomeinista merece una condena sin apelación por parte de la Corte Penal Internacional, es muy larga. ¿Por dónde empezar? El “Día Mundial contra la Pena de Muerte” del 10 de octubre ha puesto el foco de atención sobre el alto índice de ahorcamientos ejecutados por los llamados Tribunales Revolucionarios a los jóvenes de poco más de 18 años, condenados antes de cumplir la mayoría de edad. Junto con ellos, encontramos opositores políticos, miembros de minorías étnicas (kurdos, sunitas árabes y Baluci) y miembros de minorías religiosas (la sentencia de muerte contra un sufí se llevó a cabo en junio).

Según un reciente informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las ejecuciones habrían disminuido en los últimos dos años (482 en 2017 en comparación con 530 en 2016 y 969 en 2015), probablemente para que fuera menos embarazosa la tarea de aquellos Altos representantes de la política exterior europea que están haciendo todo lo posible para proteger a Teherán de las sanciones internacionales establecidas por la administración Trump debido a su presunto programa nuclear.

Por otro lado, el informe del Consejo de Derechos Humanos hace referencia a las estimaciones oficiales proporcionadas por las propias autoridades iraníes sin tener en cuenta las muertes “secretas” que tienen lugar en las cárceles de todo el país, donde la vida es el precio que hay que pagar por no someterse al régimen jomeinista, que continúa reprimiendo el creciente descontento popular y que está listo para colgar a más de 80 adolescentes tan pronto como alcancen la mayoría de edad.

En cuanto al régimen penitenciario, el Consejo de Derechos Humanos afirma inequívocamente la persistencia de “tortura y malos tratos”. De manera más detallada, el informe menciona la “presión física o mental ejercida sobre los presos para obtener confesiones” causando, por ejemplo, “traumatismos por objeto contundente” y recurriendo a “tortura posicional, quemaduras, descargas eléctricas, aplastamiento, torturas farmacológicas, asfixia, amputaciones, privación del sueño, amenazas, humillación, aislamiento prolongado, etc.” En algunos casos, los interrogatorios durante los cuales se utilizan métodos similares se “graban y posteriormente se difunden públicamente”. Estas son las degradantes condiciones en las que viven los detenidos; sin olvidar los abusos que sufren las mujeres y los menores de edad.

Los Tribunales Revolucionarios, presentes en todas las principales ciudades, no han disminuido el ritmo de sus condenas “crueles, inhumanas y degradantes, según las disposiciones del Código Penal, como la amputación de miembros, el cegamiento y la flagelación”. En ese contexto, no se puede pretender que los “juicios, incluidos los que conducen a sentencias de muerte”, no sean “sistemáticamente injustos”, como denuncia Amnistía Internacional.

Todos los jueces son nombrados por el Líder Supremo Ali Khamenei, heredero de Jomeini, y no por su probada profesionalidad e independencia, sino, según explica Amnistía Internacional, “por sus opiniones políticas y su pertenencia a los servicios de inteligencia”. Además, las pruebas utilizadas contra los acusados no han sido reveladas porque son imprecisas y completamente inconsistentes; sin embargo, las disposiciones de los tribunales revolucionarios son definitivas y no pueden ser impugnadas.

Los injustos juicios de los Tribunales Revolucionarios apresan a sus víctimas entre los disidentes y los activistas de la sociedad civil comprometidos con los derechos humanos y los derechos de las mujeres. El informe del Consejo de Derechos Humanos menciona, entre otros, a Arash Sadeghi, un miembro destacado de la Ola Verde anti-régimen de 2009, arrestado, torturado y finalmente sentenciado en 2016 a 15 años de prisión por “difundir propaganda contra el sistema, conspirar contra la seguridad nacional e insultar al fundador de la República Islámica”. Sadeghi se encuentra ahora en la prisión de Rajaee Shahr, a 20 km de Teherán, donde fue trasladado desde Evin, el famoso centro penitenciario de la capital, en condiciones de salud críticas debido a su larga huelga de hambre. Las autoridades iraníes afirman que Sadegh tiene garantizada asistencia médica permanente pero el Consejo de Derechos Humanos ha desmentido esta afirmación.

También en huelga de hambre y en precarias condiciones de salud se encuentra Soheil Arabi, arrestado en 2013 por los Pasdaran – los Guardianes de la revolución islamista – y condenado a muerte por blasfemar en una publicación de Facebook. El Consejo de Derechos Humanos certifica que Arabi “fue golpeado durante un interrogatorio” y que esto, junto a la “insuficiencia de tratamiento médico, medicamentos y ropa de abrigo”, ha provocado el empeoramiento de su estado de salud. Naturalmente, las autoridades iraníes lo niegan. El informe del Consejo de Derechos Humanos se remonta al pasado mes de marzo así que no incluye el caso de Farhad Meysami, un hombre cuya protesta continúa incesantemente también desde Evin, donde fue encarcelado el 31 de julio por haber distribuido un pin que expresaba su oposición al velo obligatorio para las mujeres. Meysami está en huelga de hambre desde hace más de 60 días y se niega a tomar medicamentos.

El arresto de presos políticos por un simple pin significa mucho más que la represión del movimiento contra el velo obligatorio – lanzado a fines de diciembre de 2017 por jóvenes mujeres que desafían al fundamentalismo de los mullahs iraníes quitándose el velo en lugares públicos – es un asunto de vital importancia para la supervivencia del régimen jomeinista, ideológicamente basado en la sumisión de las mujeres y en las discriminación política, social y jurídica. Las mujeres que han apoyado abiertamente las campañas online “My Stealthy Freedom” y “#whitewednesdays” están siendo “acosadas por las autoridades”, incluyendo la posibilidad de “ser interrogadas o verse obligadas a firmar declaraciones según las cuales se comprometen a no salir a la calle sin un hijab apropiado”, afirma el informe del Consejo de Derechos Humanos.

En lo referente a la libertad de expresión y a la prensa, el informe señala que durante los últimos tres años, el régimen “ha cerrado 7 millones de direcciones web, incluyendo perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, BBC Persian y páginas web de grupos que se ocupan de los derechos humanos y de grupos pertenecientes a la oposición política”. Y por si esto fuera poco, continúan “los arrestos arbitrarios, las detenciones y el acoso a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y a sus familias”. La organización Periodistas sin Fronteras – dice el Consejo de Derechos Humanos – estimó que en agosto de 2017 había 27 periodistas arrestados en Irán y que 94 usuarios de internet, especialmente de Telegram, han sido arrestados desde inicios de 2017. Además, Periodistas sin Fronteras ha documentado las amenazas directas e indirectas, incluyendo las amenazas de muerte, enviadas por los servicios de inteligencia o por el sistema judicial a al menos 50 periodistas residentes en el extranjero.

No le puede ir peor a la libertad religiosa: “violada sistemáticamente, en la ley y en la práctica”, declara Amnistía Internacional. Los bahá’ís son el grupo religioso no chiita más afectado y se ve sometido a “arrestos arbitrarios, largas detenciones, torturas, malos tratos, al cierre forzado de actividades económicas, la confiscación de bienes, la prohibición de ser contratados en el sector público y de acceder a los estudios universitarios”.

Los ataques contra los cristianos, que están reconocidos por la constitución de la República Islámica a diferencia de los bahá’ís, están aumentando. La apostasía es un delito penal: “Los convertidos al cristianismo reciben duras penas de prisión, que varían entre los 10 y los 15 años y las redadas en las casas convertidas en iglesias continúan”, explica Amnistía Internacional.

La condena de 45 años de prisión reservada para Víctor Bet-Tamraz, Amin Afshar-Naderi, Shamiram Issavi y Hadi Asgari, miembros de la Iglesia Evangélica que siguen esperando el veredicto del juicio, señala un salto cualitativo en la represión ejercida por el régimen jomeinista hacia los cristianos.

La represión, la violación de los derechos humanos, la marginación y las injusticias caracterizan la vida bajo el régimen jomeinista también de los sunitas, cuyo descontento se entrelaza con las reivindicaciones independistas tanto en la región de Baluchistán como en Khuzestan, donde el componente árabe es un factor mayoritario y donde un reciente ataque terrorista golpeó a los pasdaran como un boomerang.

Teniendo en cuenta la situación interna de Irán, es muy difícil seguir cultivando la ilusión óptica de que el régimen jomeinista sería un socio clave de Europa y de la comunidad internacional para garantizar la seguridad y la estabilidad de Oriente Medio. Más bien, debería considerarse que la República Islámica pretende expandir su modelo revolucionario en toda la región y esto ciertamente no es un buen augurio para el futuro de los derechos humanos en países como Irak, Siria, Yemen y el Líbano.

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